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¿Juzgarán a los expresidentes mexicanos como propone AMLO? #AMLO

julio 27, 2021


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Si las políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta hoy ya habían polarizado a la sociedad mexicana, la propuesta para lanzar una consulta pública que permita enjuiciar a los expresidentes, la ha fragmentado más. Frente a la posibilidad del juicio a los actores políticos del pasado, hoy aparecen dos sectores irreconciliables: los “Chairos”, que están a favor, y los “Fifís”, que están en contra.

Atrás quedó el México de la unidad. Conforme se acerca la consulta pública, programada para el próximo domingo 1 de agosto, arrecia la confrontación entre los mexicanos, unos defendiendo la consulta, y otros rechazándola. Cada uno con sus argumentos.

El sector más conservador de la sociedad mexicana, clasificado así por el propio presidente López Obrador, valiéndose de voces de peso como la senadora Lilly Téllez, el periodista Carlos Loret de Mola o los intelectuales Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze, han repudiado la iniciativa de dicha consulta.

Bajo el argumento de que se trata de un linchamiento político más que un proceso democratizador e innovador en cuanto a la aplicación de la justicia, la consulta para enjuiciar a los expresidentes ha sido severamente cuestionada. Lo menos que se ha dicho es que la propuesta del presidente López solo tiene fines mediáticos.

Sin embargo, el presidente López Obrador ha reiterado que la intención de la consulta es darle participación a la gente en lo que él ha llamado “una democracia participativa”, en donde será la ciudadanía la que establezca las líneas de acción a ejecutar con relación a las afrentas que la población en general vivió en el pasado.

Respecto al sector social que se opone a la consulta, el presidente mexicano ha dicho que “Ellos están más anclados en la democracia representativa, no les gusta la democracia participativa y es hasta mucho decir que les gusta la democracia representativa porque suele pasar que no les gusta la democracia, aunque finjan”.

El triunfo de Andrés Manuel López Obrador es una de las epopeyas

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que la intención de la consulta es darle participación a la gente en lo que él ha llamado “una democracia participativa”,

(RODRIGO ARANGUA/AFP/Getty Images)

La SCJN y el INE, imponen condiciones

Hasta hoy, el proceso legal para llevar a cabo la consulta ha pasado los dos principales filtros que la amenazaban: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el INE finalmente han autorizado que se consulte a los mexicanos si desean llevar a cabo un juicio penal contra los ex presidentes.

Pero el aval de la SCJN y del INE ha tenido un costo: La SCJN enmendó la pregunta para que no se pregunte al electorado directamente sobre los ex presidentes. En el texto de la pregunta se cambió en los términos “ex presidentes” por el de “actores políticos”, y “enjuiciamiento” por “acciones pertinentes, con apego al marco constitucional”, que para efectos legales es lo mismo, pero no para el entendimiento de la población.

La pregunta final, un tanto compleja, que se plasmará en la boleta de la consulta popular del próximo domingo quedó en los siguientes términos: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

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Aun con esa pregunta compleja, el INE también ha establecido sus condiciones; solo se aceptarán los resultados de la consulta si la participación de votantes es por lo menos el 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores, es decir la consulta será válida solo si votan por lo menos 37.5 millones de personas.

Inician los preparativos

La consulta popular con la que el gobierno federal pretende tener el aval de la población para iniciar procesos penales contra los expresidentes, según refieren los Consejeros Ciudadanos del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordan y Uuc-kib Espadas Ancona, tendrá un costo al erario de 528 millones de pesos.

El costo de este ejercicio democrático finalmente ha resultado menor del que se había proyectado inicialmente, cuando el INE solicitó una ampliación de presupuesto por el orden de los mil 499 millones de pesos, mismo presupuesto que tras negociaciones con el poder Ejecutivo fue ubicado en su monto mínimo de 528 millones de pesos.

De acuerdo al INE, el monto que se aplicara para llevar a cabo la consulta, en su mayoría será absorbido por el costo de instalación de 57 mil mesas de votación, las que funcionaran con el apoyo de 9 mil 800 agentes electorales, los que capacitaron a por lo menos 287 mil funcionarios ciudadanos que serán los encargados del conteo de los votos.

Las instalación de casillas para la consulta sobre los expresidentes abarcara los 300 distritos electorales en que se encuentra dividido el territorio nacional, estimando que cada una de las casillas de votación deberá contar con por lo menos 2 mil boletas.

Enrique Peña Nieto junto a su novia, la modelo Tania Ruiz.

Enrique Peña Nieto junto a su novia, la modelo Tania Ruiz.

(Agencia Reforma)

La tendencia del voto

A un cinco dias de que se lleve a cabo la histórica consulta popular, ya existen tendencias de la intención del voto que podría emitirse el día de la jornada. Diversas casas encuestadoras le dan una abrumadora mayoría al sí por el enjuiciamiento de los expresidentes.

Un ejemplo de ello es la encuesta dada conocer por la casa encuestadora TResearch, la que establece que el 80.8 por ciento de los votantes daría un “Sí” para que se enjuicie a los ex presidentes, el 10.7 por ciento diría que “No”, y solo un 8.5 por ciento dijo no saber cómo votará.

Frente a esta tendencia y para no influir en el ánimo de los votantes, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a que es el que está promoviendo esta iniciativa, ha reiterado que no participará en la consulta, esto bajo el argumento de “no ser juez y parte”, según lo explico en una de sus conferencias mañaneras.

El presidente se ha manifestado a favor de que “la gente decida con libertad sobre su futuro, es mandar obedeciendo. Ya fijé mi postura, yo no voy a participar, no voy a votar para que se enjuicie a los expresidentes, lo dije desde que tomé posesión, estoy pensando hacia adelante”, explicó públicamente.

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El voto razonado e informado

En la promoción que se ha iniciado para que la mayoría de los mexicanos participen en este plebiscito, el dirigente de Morena, Mario Delgado Carrillo ha hecho un amplio llamado a todos los alcaldes electos en la jornada electoral del pasado 6 de junio, para que se promueva la participación de todos los ciudadanos.

Se trata –ha dicho el dirigente de Morena- de una acción constitucional y democrática mediante la cual la ciudadanía tiene la posibilidad de participar en las acciones de gobierno tendientes a hacer valer el estado de derecho que anteriormente no se consideraba.

Otros representantes del sector social que están a favor de la consulta popular, como es el periodista Vicente Serrano, ha realizado sendos llamados a través de su espacio informativo “Sin Censura”, para que la población acuda a las urnas el día 1 de agosto y emita su voto a favor del enjuiciamiento de los actores políticos del pasado que causaron daño a los mexicanos.

Hay que recordar que la propuesta de enjuiciamiento penal no solo comprende a los ex presidentes vivos, sino a todos “los actores políticos”, y esto significa que también ex secretarios de estado, ex gobernadores, ex diputados federales y locales, ex senadores, ex alcaldes y hasta ex regidores, serían alcanzados por el resultado del plebiscito.

Desde espacios informativos progresistas se ha llamado al electorado a que se informe antes de emitir su voto. Y para ello se ha recomendado una serie de libros que hablan del desaseo con el que ejercieron el poder los presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Entre los libros que se recomiendan para que el electorado obtenga las bases de conocimiento histórico en esta coyuntura, se encuentran por lo menos 70 títulos escritos por periodistas independientes e investigadores de prestigio.

De los textos recomendados para revisar la actuación de los ex presidentes, destacan: “El Cartel Negro”, de Ana Lilia Perez Guillen; “Secreto Conspiración 2014”, de Leopoldo Mendívil; “Fox, Negocios a la Sombra del Poder”, de Raúl Olmos; “Así en Los Pinos como en La Tierra”, de Diana Penagos; “La Guerra Improvisada”, de Guadalupe Correa y Tony Payan.

También se sugiere la lectura de “En Manos del Narco”, de Ricardo Ravelo; “La Verdadera Noche de Iguala”, de Anabel Hernández; “Crímenes de Cuello Blanco”, de Edgar Morín; “El Amasiato”, de Álvaro Delgado; “Los Cómplices del Presidente”, de Anabel Hernández; “Los Millonarios de la Guerra”, de Peniley Ramírez; “Felipe el Oscuro”, de Olga Wornat; “México en Llamadas”, de Anabel Hernández; “El Señor de la Muerte”, de Francisco Cruz; “Estado de Emergencia”, de Carlos Fazio; “Santa Ana y Peña Nieto”, de Enrique Ávila; “La Historia Detrás del Desastre”, de Roberto Rock, y “El Licenciado” y “Jaque a Peña Nieto”, del que esto escribe, entre otros.

Los pecados de los expresidentes

La lista de los posibles actos ilícitos en los que pudieron haber incurrido los ex presidentes que estarán ante la justicia popular el próximo 1 de agosto, son muchos, pero sin duda los actos que más molestan a los mexicanos son aquellos que tienen que ver con la enajenación del territorio nacional y sus recursos energéticos y económicos.

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Así, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, podría ser enjuiciado por su responsabilidad en el desmantelamiento de los medios de producción propiedad del Estado, con los que México hubiese podido alcanzar un mayor desarrollo económico. Salinas de Gortari, es visto como el responsable de vender una serie de empresas paraestatales, con lo que favoreció al enriquecimiento ilícito de un grupo de empresarios mexicanos que hoy son los más ricos de américa latina.

El expresidente Carlos Salinas vendió empresas rentables a precio de oferta, tal es el caso de la agroindustrial Alpura, la automotriz Dina, la más importante de telecomunicaciones, Telmex; y las instituciones crediticias Banca Cremi, Banpaís, Multibanco Mercantil de México, Banco de Centro Bancomer, el Multibanco Comermex, El Banco Nacional De México (Banamex), Serfín y el Banco Internacional, además medios centenar de minas y la planta siderúrgica Lázaro Cárdenas.

Ernesto Zedillo Ponce de León, además de crear el Fobaproa –un fondo federal con el que absorbió la deuda bancaria de cientos de grandes empresarios mexicanos- fue también el responsable de vender el ferrocarril mexicano, y continuó con la entrega de los activos mineros del país.

Durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León se dieron concesiones por entre 20 y 50 años al Grupo Ferroviario Mexicano (Ferromex), Grupo Acerero del Norte (Peñoles), Medios de Comunicación y Transportes de Tijuana, Grupo Triturados Basálticos (Tribasa), y por mil 400 millones de dólares vendió la Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM) a industrias Kansas City.

Vicente Fox, además de entregar el territorio nacional al cartel de Sinaloa, con Genaro García Luna al frente de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), también siguió con el saqueo nacional; terminó con la entrega de los ingenios azucareros, las reservas mineras, y comenzó a entregar concesiones para la explotación de petróleo, energía eléctrica y gas, a través de sociedades internacionales que se establecieron con Pemex y la CFE.

Felipe Calderón, además de continuar con la entrega de los recursos naturales, fue el autor de la alianza entre Narcos y Estado, permitiendo la operación de por lo menos 12 carteles de las drogas en todo el país. Fue el creador de la llamada Guerra Contra el Narco y sumió al país en un baño que costó más de 130 mil vidas.

Finalmente, también se podría emplazar al juicio a Enrique Peña Nieto, quien no solo continuó con la Guerra Contra el Narco y las relaciones Narco-Estado, sino que terminó por entregar toda la soberanía energética de México a través de la llamada Reforma Energética, con la que entregó una tercera parte del territorio nacional a empresas trasnacionales.

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